En relación a la iniciativa, introduce drásticos cambios en el funcionamiento del BCRA. Entre las medidas de mayor severidad se destaca la aplicación de un régimen de sanciones penales que alcanzará a aquellos funcionarios públicos o directores que vulneren la autonomía de la institución o habiliten la asistencia monetaria al Poder Ejecutivo.

Asimismo, la propuesta elimina definitivamente la transferencia de utilidades contables al Tesoro, prohíbe el uso de letras intransferibles para asistir financieramente al Estado y endurece los requisitos y causales para la remoción del presidente y directores de la entidad, con el fin de blindar su estabilidad institucional ante eventuales cambios de gobierno.

A su vez, una de las principales innovaciones es la incorporación de la figura de «shutdown» o paralización administrativa, un mecanismo inspirado en el modelo estadounidense que impondrá restricciones inmediatas al funcionamiento del Estado en caso de que se agoten las partidas presupuestarias habilitadas por el Congreso. Una forma de impedir la vía del endeudamiento o la emisión para cubrir excedentes.

Agencia NA