Un grupo de 27 organizaciones de Derechos Humanos aseguraron este martes que la seguridad «no se consigue con sangre», en referencia al violento enfrentamiento que se produjo en la favela Comando Vermelho, al norte de Río de Janeiro, que dejó un saldo de 64 muertos y 81 detenidos.
Las ONG que firmaron el comunicado, entre las cuales aparecen Amnistía Internacional (AI), Justicia Global, Conectas y el Observatorio de Favelas, afirmaron que lo ocurrido dejó a la ciudad carioca «en un estado de terror», y añadieron que «esto es el fracaso y la violencia estructural de la política de seguridad».
En ese sentido, apuntaron contra el gobernador de Río de Janeiro, Claudio Castro, a quien señalaron como responsable de lo sucedido: «se trata, en realidad, de una matanza producida por el Estado brasileño» que se inscribe en el «trágico histórico de matanzas cometidas por fuerzas policiales» en la ciudad.
Asimismo, y según datos Fórum Brasileño de Seguridad Pública indican que al menos 700 personas murieron durante operativos policiales en 2024, y expresaron que «La muerte no puede ser tratada como una política pública».
«La seguridad pública debe garantizar derechos, no violarlos. Las moradoras y los moradores de las favelas tienen derecho a la vida, a la integridad física y a la paz, y eso no es negociable», concluyeron.
COMISION BRASILEÑA TAMBIEN CRITICO EL OPERATIVO
La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos y de la Ciudadanía de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro (Alerj) envió cartas al Ministerio Público y a la Policía Civil y Militar exigiendo explicaciones sobre las circunstancias de la Operación Contención, lanzada en la madrugada de este martes.
Según la presidenta del comité, la diputada Dani Monteiro (PSOL), la operación transformó las favelas de Río “en un escenario de guerra y barbarie”, reportó Agencia Brasil.
Según la parlamentaria, la comisión sigue “con extrema preocupación” la escalada de violencia provocada por la megaoperación contra el grupo criminal Comando Vermelho en favelas de Río.
Dani Monteiro afirmó, en un comunicado, que “ninguna política de seguridad puede sostenerse con este baño de sangre”.
“Es grave que el gobernador Castro insista en actuar solo, mientras el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública afirma haber respondido con prontitud a todas las solicitudes del gobierno estatal para el uso de la Fuerza Nacional”.
La parlamentaria afirmó que Río necesita cooperación entre las esferas de gobierno, no disputas políticas. «La seguridad pública se logra mediante la planificación, la inteligencia y el respeto a la vida, no mediante la espectacularización de las masacres”, añadió.