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La batalla judicial por la expropiación de YPF en los tribunales de Nueva York sumó este martes un nuevo capítulo de máxima tensión: mientras la Argentina presentaba sus argumentos para evitar la entrega de acciones de la petrolera, la jueza Loretta Preska ordenó al país entregar el contenido de las comunicaciones de WhatsApp de funcionarios y exfuncionarios, incluyendo al actual ministro de Economía, Luis Caputo, y a su antecesor, Sergio Massa. X de Sebastian Maril Según supo Noticias Argentinas, la orden se conoció después de que los abogados del Estado argentino presentaban un escrito ante la Corte de Apelaciones para sostener la suspensión del fallo de Preska que obliga a ceder el control de YPF. En su presentación ante la Cámara de Apelaciones, Argentina advirtió que ejecutar la orden de entrega de las acciones de YPF «causaría un daño irreparable a la República» y «podría desatar un conflicto diplomático significativo» con Estados Unidos. El escrito, al que tuvo acceso el experto Sebastián Maril, sostiene que la orden de Preska «vulnera la inmunidad de ejecución que protege los bienes de un Estado extranjero» y contradice la ley estadounidense, ya que las acciones de YPF se encuentran en territorio argentino. Además, el Gobierno remarcó que el interés público se ve favorecido por la suspensión, ya que la ejecución del fallo afectaría a YPF, a sus accionistas y al pueblo argentino. Ahora, la Corte de Apelaciones deberá decidir en los próximos días si mantiene la orden de Preska o si hace lugar al pedido argentino de suspenderla durante todo el proceso de apelación. Qué fue lo que ocurrió hoy en el juzgado de Loretta Preska Según supo Noticias Argentinas, la audiencia de este martes en el juzgado de Loretta Preska se limitó exclusivamente a la discusión sobre la prueba a producir (discovery) con vistas a la potencial ejecución de la sentencia. La jueza resolvió diversos pedidos efectuados por los demandantes hace aproximadamente un año, explicaron fuentes cercanas a la causa. Al respecto, la jueza Preska ordenó a la República Argentina producir comunicaciones internas relacionadas con YPF y el BCRA. También dispuso la entrega de comunicaciones desde dispositivos y cuentas personales de funcionarios y ex funcionarios. Además, se autorizó discovery sobre posibles vínculos de alter ego con Aerolíneas Argentinas, Banco Nación y ENARSA. De acuerdo con fuentes oficiales, la medida de discovery ordenada por el tribunal de Nueva York viola las leyes de Estados Unidos y de la Argentina, porque vulnera la soberanía argentina y, se cree, no conducirá al hallazgo de activos ejecutables de la República. Si bien el caso contra la República Argentina se encuentra en apelación, el gobierno de Javier Milei considera que ya ha brindado una extensa cooperación en el discovery posterior al dictado de la sentencia, entregando a los demandantes más de 100.000 páginas de documentos, incluidos aquellos relativos a sus cuentas financieras en Estados Unidos, Argentina y otros países, indicaron fuentes oficiales a NA. Una fuente cercana a la Casa Rosada le dijo a NA que es “evidente que los demandantes están abusando del proceso de discovery” y sostuvo que “su financiador, Burford Capital, reconoció ante sus inversores que lo utilizan para hostigar a la República e intentar arrojar arena en los engranajes de los esfuerzos de Argentina por reconstruir su economía”. La República Argentina dice que está “evaluando las opciones disponibles para apelar esta orden de discovery sin precedentes, y continuar ejerciendo su derecho de legítima defensa”.

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Una presentación judicial presentada por el fisicoculturista mendocino Aldo Parodi y su abogada, Patricia Apesteguy, logró frenar la cremación de los restos de la excampeona mundial de boxeo Alejandra “La Locomotora” Oliveras.

El planteo fue realizado ante la Justicia Federal bajo la figura de “muerte dudosa”, con el objetivo de que se realice una autopsia exhaustiva que incluya análisis toxicológicos específicos sobre posibles sustancias anabólicas o ilegales en su organismo.

En diálogo con LT3 AM 680, la doctora Apesteguy explicó que la decisión se tomó a raíz del conocimiento de Parodi sobre el circuito de “mafias” y venta libre de sustancias prohibidas que circulan en ciertos gimnasios del país.

Mi cliente, como deportista y campeón fisicoculturista, conoce el ambiente y tiene indicios concretos de que Alejandra pudo haber sido víctima de facilitadores de sustancias que, sin ella saberlo o sin una correcta prescripción, podrían haber sido letales”, detalló.

La abogada sostuvo que la cremación estaba prevista para este miércoles 30 de julio a las 11 en el cementerio municipal de Santa Fe, pero tras la medida cautelar interpuesta y comunicada al fiscal interviniente, la Justicia ordenó suspenderla para preservar el cuerpo y permitir que se realicen estudios histopatológicos.

Según Apesteguy, existe preocupación por el libre acceso y la falta de control sobre esteroides anabólicos en el ámbito del deporte amateur y profesional. “Alejandra era una mujer pequeña, delgada, que luego desarrolló una contextura física muy grande. En el caso de las mujeres, eso no se logra naturalmente. Los esteroides pueden tener efectos devastadores sobre la presión arterial y el sistema cardiovascular, lo que podría haber sido un factor causal del ACV que sufrió”, argumentó.

En ese sentido, aseguró que una autopsia común no permitiría detectar estas sustancias con precisión y que se necesitan estudios específicos, solicitados ante la Justicia Federal, por tratarse de delitos vinculados con la ley de estupefacientes (N.º 23.737).

Esto no es una acusación a Oliveras, a quien admiramos profundamente. Se trata de una hipótesis fundada sobre la responsabilidad de terceros, que podrían haberla inducido o facilitado sustancias sin controles ni respaldo médico”, agregó Apesteguy.

La doctora Apesteguy subrayó que Alejandra Oliveras era una figura pública, admirada y querida en todo el país, y que por eso la sociedad tiene derecho a saber qué ocurrió.

Ella era una referente del deporte, una mujer resiliente que ayudaba a los más necesitados. Su muerte repentina, con antecedentes de malos tratos, abusos económicos y físicos, debe investigarse”, afirmó.

Además, recordó que la misma Oliveras había denunciado en entrevistas pasadas que “siendo seis veces campeona mundial, murió pobre”, aludiendo a situaciones de desprotección y explotación a lo largo de su carrera.

Apesteguy también aclaró que la medida no es una falta de respeto a la familia: “Entendemos el dolor, pero el interés por conocer la verdad debe prevalecer. La propia familia, más allá del shock, podría desear lo mismo cuando se calme la conmoción”.

Como parte de una denuncia más amplia, Apesteguy insistió en la necesidad de crear legislación específica que regule el uso de sustancias en gimnasios y ámbitos de alto rendimiento.

Nuestros hijos no pueden seguir siendo envenenados por la falta de controles. Las sustancias están al alcance de cualquiera y los deportistas, sobre todo jóvenes, terminan sometidos a riesgos innecesarios”, advirtió.

Finalmente, confirmó que la Justicia comunicó formalmente al cementerio y a la familia que la cremación queda suspendida hasta nuevo aviso, y que ahora esperan avanzar con los estudios forenses que permitan esclarecer las causas de la muerte de la icónica campeona argentina.

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